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El poder del lobby farmacéutico
Una vez más, India ha sido pionera. El 14 de enero el organismo regulador de patentes del país asiático, conocido como ‘la farmacia de los pobres’, rechazaba la petición de patente presentada por el laboratorio farmacéutico Gilead para la producción del sofosbuvir (de nombre comercial Sovaldi), el fármaco contra la hepatitis C, lo que permitirá que los laboratorios farmacéuticos indios fabriquen genéricos a bajo coste.
El rechazo tiene un motivo claro: el sofosbuvir, apunta el organismo, no es una innovación, sino una pequeña modificación molecular de un fármaco ya existente.
Según un estudio de la Universidad de Liverpool, un tratamiento de 12 semanas de este preparado tiene un coste de producción de 85 euros, y sin embargo Gilead, con una posición de monopolio después de negociar con las autoridades sanitarias país por país, lo vende a 71.000 euros en Estados Unidos, 40.000 en Francia y 25.000 en España.
“Si no es innovación en Nueva Delhi, no lo es aquí tampoco.
Esto tendría que dar pie a que toda Europa lo fabricara como genérico y si no lo hacen están jugando con la salud de la gente”, afirma Antonio Gómez, del Comité Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid).
Sin embargo, la Comisión Europea, que ya en julio rechazó la petición de 15 países no ya de elaborar un genérico, sino de hacer presión para lograr una rebaja de los precios, no parece dispuesta a seguir los pasos de India.
La sombra de la industria farmacéutica, que dedica al menos 40 millones de euros anuales a hacer lobby en Europa –según un informe de la Health Action International y el Corporate Europe Observatory– planea sobre esta postura.
Es más, la reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) de retirar 700 genéricos fabricados por laboratorios indios es denunciada en varios foros sanitarios como una medida de represalia contra India por su decisión.
No en vano, recuerda la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), un 80% de la financiación de la AEM proviene de multinacionales farmacéuticas.
“El Gobierno español y el Ministerio de Sanidad se han plegado a los intereses de las farmacéuticas”
En España, la situación no parece distinta. Con el precio acordado para el sofosbuvir, la partida de 125 millones de euros aprobada por el Ministerio de Sanidad para el año 2015 servirá para curar sólo a 5.000 de los 700.000 afectados por hepatitis C que hay en el país.
Eso si el Gobierno no sigue los pasos de India, algo que parece poco probable a pesar de que las leyes lo permiten.
Eso si el Gobierno no sigue los pasos de India, algo que parece poco probable a pesar de que las leyes lo permiten.
“Teóricamente sí podría. Hay un caso de salud pública, de emergencia sanitaria y dudas sobre el origen de la patente, pero está claro que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad se han plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas”, afirma Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.
De hecho, todos y cada uno de los miembros del recién creado comité de expertos designado por el Gobierno para elaborar una estrategia contra la hepatitis C tienen conflictos de intereses, y la mayoría de ellos tienen una relación directa con el laboratorio Gilead, según un documento publicado por esta federación.
Financiación privada
Pero los conflictos de intereses no sólo se dan en el caso de la hepatitis C.
Según Antonio Gómez, “las sociedades científicas y médicas están financiadas por la industria farmacéutica”.
Un caso sonado es el de la vacuna contra la varicela Varivax, que la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur Merck Sharp and Dohme ha conseguido vender de forma masiva en España, incluso en contra de la recomendación de las autoridades sanitarias, que la retiraron de las farmacias, aunque sigue dispensándose en centros privados y en hospitales.
Como explica el último informe de Transparencia Internacional sobre lobbies, en España, donde no hay un precio fijo para las vacunas fijado por ley, la empresa productora “inició diversas acciones para lograr la mayor venta posible en farmacias y su aplicación a niños pequeños”.
Sanofi ha contado con el respaldo de las asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, todas ellas con numerosos conflictos de intereses.
Como consecuencia, mientras que en Francia por 820.000 nacidos se utilizan 58.000 dosis, y en Inglaterra por 805.000 nacidos se usan 17.000, en España para 405.000 nacidos se han aplicado 360.000 dosis, y con el precio más elevado de toda la UE, 71 euros por vacuna.
Según el periodista especializado en temas de salud Miguel Jara, las diferentes industrias, también la farmacéutica, “usan hoy tres herramientas para imponer sus intereses por encima de los de la ciudadanía: el lobby o presión corporativa sobre políticos y líderes de opinión, los conflictos de intereses y las puertas giratorias”.
De este último fenómeno son públicos casos como el del exministro de Sanidad, Bernat Soria, fichado por la farmacéutica Abbott para realizar un informe “sobre el papel de la industria farmacéutica en la promoción de la calidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, o el de Isabel Barreiro, que pasó de dirigir el gabinete de Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad de Madrid a trabajar para GlaxoSmithKlein.
También fueron llamativos los casos de varios exdirectores generales de Farmacia del Ministerio, como Regina Sevilla, que tras dejar su puesto ingresó en el laboratorio Merck, o Fernando García Alonso, que fue fichado sucesivamente por las farmacéuticas Schering-Plough, Bristol-Myers y Grupo Ferrer.
De momento, al calor del poder de los laboratorios, reunidos en torno a Farmaindustria, España es uno de los países con mayor gasto farmacéutico del mundo.
“Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se va en farmacia, y eso es por la dependencia de las multinacionales”, añade Gómez, quien destaca que a menudo las farmacéuticas se aprovechan de la investigación básica, la que se hace en las facultades públicas, para llevar a cabo una investigación aplicada.
“Los medicamentos nacen, en un 80% de los casos, en universidades e instituciones públicas. Los pagamos dos veces con nuestros impuestos, pues esas entidades son financiadas así y luego es el erario público el que ejerce de máximo cliente de la industria”, añade Jara.
Todos los miembros del comité de expertos del Gobierno en el caso de la hepatitis C tienen conflictos de intereses
Para llevar a cabo un gasto público más eficiente hay más medidas que se pueden implementar.
CAS Madrid defiende la eliminación de los medicamentos que han quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas sobre otros de precio inferior del registro público, las compras centralizadas para todo el sistema público y la dispensación de medicamentos directamente en centros sanitarios, entre otras iniciativas.
Según la organización, con todo ello, junto a la creación de un sistema público de investigación y una industria farmacéutica estatal, se podría ahorrar un tercio del gasto actual en farmacia.
Respecto a la dispensación, la actual Ley General de Sanidad permite hacerlo directamente en los centros sanitarios, pero sólo lo han desarrollado los hospitales para ciertas enfermedades.
“Podríamos estar dando todos los medicamentos que se prescriben en los centros de salud al paciente sin que éste pase a la farmacia de la acera de enfrente”, afirma Gómez.
Países como Gran Bretaña o Suecia lo han hecho en el pasado. Se trata de una forma de eliminar del gasto el margen de las farmacias (que CAS Madrid cifra en un 30% del precio) y la distribución, creando además empleo público para farmacéuticos.
Gómez también es crítico con las compras descentralizadas, ya que unificando el ahorro llegaría por medio de compras al por mayor y por la posibilidad de conseguir márgenes mucho más baratos.
Una farmacéutica pública
Una de las opciones más nombradas para abaratar costes a las arcas públicas y resolver problemas de acceso a medicinas es la creación de un sistema farmacéutico público que abarque la investigación, producción y distribución de fármacos que han perdido la patente o que, sin haberla perdido, sean considerados necesarios por motivos de salud pública.
“Sería posible, y evidentemente muy razonable en emergencias como la de la hepatitis C”, apunta el presidente de la FADSP. Gómez es de la misma opinión y añade que se podrían usar las facultades públicas de Farmacia para temas de investigación “y con dinero público apoyar tanto la fabricación de genéricos como el desarrollo de nuevos fármacos”.
Además, eliminaría otro problema: el desabastecimiento de fármacos baratos que dan pocos beneficios a las multinacionales, tal como denunciaba la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Catalunya y Baleares el pasado diciembre con respecto a 170 sustancias.
“Las empresas hacen lo posible por maximizar beneficios y cuando un medicamento tiene baja rentabilidad procuran dejar de fabricarlo. Una farmacéutica pública aseguraría el suministro”, asegura Sánchez Bayle.
En cualquier caso, la creación de un sistema público chocaría con los intereses de las multinacionales del sector. Luis Hernández, cardiólogo pediatra y vicepresidente de PATUSalud, opina que “habría que competir de una forma tremenda y hacerlo muy bien, con una agencia estatal con competencias muy claras y en la que se metan muchos recursos”.
La medida se planteó en 1982, en la precampaña de las elecciones que llevaron al PSOE por primera vez al poder. “Iba a ser ministro de Sanidad Ciriaco de Vicente, que proponía montar un servicio nacional de farmacia. Nunca llegó a serlo.
Sabemos que no le dejaron hacer por presiones de las farmacéuticas”, asegura Gómez.
En los primeros borradores de la Ley General de Sanidad existían artículos en los que se establecía al Estado como institución que se reservaba el derecho a la planificación estratégica de farmacia, líneas que finalmente no aparecieron en el texto aprobado en 1986.
Un posible germen de esta estructura se encuentra actualmente en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que en 2013 inauguró nueva sede en la base de San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid), instalaciones que se adjudicaron en 2011 por 21 millones de euros.
El espacio pretende centralizar los servicios de producción y almacenamiento del centenar de preparados médicos que fabrica esta institución, entre antivirales, antibióticos, antídotos, pomadas, analgésicos, ansiolíticos, opioides y sueros, entre otros.
Su cadena de producción podría ser, además, usada actualmente para fabricar de forma masiva preparados contra posibles pandemias, como ya se hizo en 2008 en sus antiguas instalaciones en Burgos con el oseltamivir, principio activo contrar la gripe aviar.
En la actualidad el Ejército dispone de sus propios puntos de dispensación de medicamentos. Además, atienden pedidos de centros penitenciarios, de la Guardia Civil o de la Cruz Roja.
“Lo mismo que se reconvierten hospitales militares para uso de la ciudadanía se puede hacer lo mismo con la farmacia del Ejército”, apunta Hernández.
El cardiólogo pone como ejemplo el Hospital Gómez Ulla de Madrid, que aunque está gestionado por Defensa, es el centro de referencia para 120.000 madrileños.
29500%
es la astronómica diferencia entre el coste de producción y el precio de venta en España de un tratamiento de 12 semanas para la hepatitis C con sofosbuvir, de la farmacéutica Gilead.
40 millones de euros
La industria farmacéutica gasta esta cifra al año en hacer lobby en la Unión Europea.
Medidas para un gasto eficiente
Industria farmacéutica pública. Creación de un sistema que fabrique genéricos sin patente y fármacos necesarios por motivos de salud pública.
Limitación del registro estatal de medicamentos. Eliminar fármacos que hayan quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas sobre otros de menor precio.
Compras centralizadas. Unificar pedidos de fármacos para todo el sistema público.
Dispensación directa. Suministro directo de fármacos en los centros sanitarios y en las dosis necesarias.
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