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Acabar con las privatizaciones
y recuperar lo privatizado
Las privatizaciones son el verdadero cáncer del Sistema Nacional de Salud, un cáncer que progresa a veces lentamente, a veces con rapidez, y que va invadiendo el conjunto del sistema.
La enfermedad viene de lejos, poco tiempo después de la aprobación de la Ley General de Sanidad (1986) se aprueba en Cataluña la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC, 1990) que definía un modelo sanitario mixto, que integraba en una sola red de utilización pública todos los recursos sanitarios, sean o no de titularidad pública, y que recoge una tradición de entidades (mutuas, fundaciones, consorcios, centros de iglesia), históricamente dedicadas a la salud en Cataluña, para ello se utiliza como un instrumento fundamental la separación entre las funciones de compra y provisión.
La LOSC crea la XHUP (red de hospitales de utilización pública) que favorece este proceso de provisión privada con financiación pública.
El siguiente paso fue en 1991 en que se aprobó el denominado Informe Abril (Informe y Recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud).
En el se proponían casi todas las medidas que luego se han ido plasmando a lo largo del tiempo (establecimiento de copagos, empresarización de la provisión sanitaria, ampliar el papel del mercado en el sistema sanitario, favorecer el papel de los seguros y la provisión privada, laboralizar al personal sanitario, etc).
Ante el amplio rechazo social, profesional y político que se produjo las medidas quedaron aparcadas, al menos en teoría, aunque fueron poniéndose en marcha de una manera silente y en “cómodos plazos”.
Luego fueron produciéndose avances como la introducción de la gestión privada en los centros públicos como el hospital Costa del Sol en 1992, y la fundación de Verín en 1995, modelo este último que se extendió en varias CCAA (Galicia 3 centros mas, Madrid, Baleares y La Rioja) y que incluso se pretendió extender al conjunto de los hospitales públicos del INSALUD (Ley 50/98 y decreto 29/2000).
El paso siguiente fue la aprobación del RD 10/96 y la Ley 15/97 que avalan los denominados nuevos modelos de gestión y las privatizaciones, modelo que posteriormente fue recogido en la mayoría de las leyes de ordenación sanitaria de las CCAA.
Posteriormente se ha avanzado de una manera muy sustancial y muy variada en las privatizaciones sanitarias,
la creación de las EBAs /entidades de base asociativa) en Atención Primaria (1996)
y la puesta en funcionamiento de las concesiones administrativas
(mas conocidas como modelo Alzira, 1999), muy extendido en Valencia, y mas recientemente en Madrid,
y el modelo “iniciativa de financiación privada”
(PFI de sus siglas en ingles, donde tuvo su origen) con amplia presencia en Madrid, y también en Baleares, Castilla y León, Galicia y Castilla la Mancha.
También el fenómeno privatizador, inicialmente centrado en la asistencia sanitaria directa, se ha extendido a casi todos los aspectos relacionados con la misma: informática, servicios de mantenimiento, planificación, docencia, “call center”, laboratorios, radiología, etc.
Es decir, ahora mismo hay pocas actividades relacionadas con la asistencia sanitaria que no estén en mayor o menor medida penetradas por las empresas privadas.
Como ya se ha dicho el proceso de manera más o menos silente ha ido avanzando en los últimos 25-30 años, aunque ha tenido una aceleración espectacular desde 2011(después de las mayorías absolutas del PP en el Gobierno estatal y en la mayoría de las CCAA).
También señalar, que como suele ser habitual en política sanitaria, estas privatizaciones han tenido una expresión muy diferente, en su forma e intensidad, según las distintas CCAA, no siempre coincidiendo con el partido gobernante, aunque, en líneas generales, los gobiernos del PP y CiU han sido los más agresivos al respecto.
¿Por qué es importante la provisión pública de los servicios sanitarios?.
De manera esquemática puede decirse que: para orientarse a la consecución de niveles de salud y de satisfacción de todos; para corregir los fallos del mercado en Sanidad, como son, la existencia de información asimétrica, la presencia de externalidades y la incertidumbre de la carga de graves enfermedades; y para mejorar la equidad social.
Se conoce hace mucho tiempo que los sistemas sanitarios con provisión pública tienen una mayor eficiencia, menores costes para conseguir los mismos resultados en salud, porque disminuyen de una manera muy notable los gastos de administración y gestión, el mercado favorece la sobreutilización innecesaria de recursos y la cobertura universal permite socializar los riesgos.
Desde un análisis más concreto hay que señalar que la experiencia, en nuestro país y a nivel internacional, indica que las privatizaciones:
Incrementan los costes de manera exponencial (existen muchos estudios al respecto a pesar de lo limitado de la experiencia y la ocultación sistemática de la información, pero puede asegurarse que hay un sobrecoste entre 6 y 9 veces respecto a la atención sanitaria de gestión directa),
y ello tiene una lógica implacable, las empresas inversoras buscan la mayor rentabilidad posible lo que incrementa el coste de los servicios.
Favorecen fenómenos de corruptelas o simplemente de corrupción en las adjudicaciones de las concesiones, lo que encarece aún más los costes.
Empeora la calidad de la atención sanitaria en gran parte porque reducen de una manera muy significativa el personal (el numero de médicos /cama es de 0,61 en los hospitales públicos frente a 0,16 en los privados, y el de personal de enfermería de 1,26 versus 0,43).
Se produce de manera sistemática lo que se denomina selección de riesgos, es decir las derivaciones de los enfermos complejos o de diagnósticos y tratamientos costosos a los centros públicos.
Y por fin la ciudadanía prefiere la Sanidad Pública lo que se ha demostrado tanto en las encuestas de opinión como en las amplias movilizaciones sociales contra los intentos privatizadores.
¿Qué podemos hacer en esta situación?.
Básicamente hay dos medidas clave:
La primera es paralizar el proceso privatizador.
Ello supone tanto no realizar nuevas privatizaciones como acabar con la privatización silenciosa, es decir con las derivaciones sistemáticas hacia el sector privado, lo que obviamente también precisa la utilización intensiva de los recursos del sistema sanitario público que en este proceso privatizador han sufrido una intencionada baja utilización fomentada por las administraciones sanitarias (cierres de camas, servicios, puntos de atención, etc) y que también requiere volver a dotar de personal suficiente a los centros sanitarios públicos.
La segunda es la recuperación de los centros privatizados.
Por supuesto es la más complicada y además presenta situaciones distintas para cada caso concreto ya que los contratos y las condiciones son diferentes, a veces bastante distintos, en cada uno de ellos, por lo que habría que considerar:
- Todos los contratos prevén la posibilidad de reversión, pero suelen hacerlo en condiciones muy onerosas (pagando el lucro cesante), pero siempre es posible hacerlo, el mejor ejemplo es el caso del Hospital de Alzira donde se produjo la reversión del hospital y un nuevo concurso (aunque es obvio que hubo una situación irregular que encubría un incremento exorbitante del coste de la adjudicación).
- Los contratos también establecen criterios mínimos de dotación, personal, etc, que habitualmente se incumplen, lo que en algunos casos podría conllevar rescisiones de los contratos y en otras utilizar las penalizaciones establecidas. Es práctica habitual la ausencia de control del funcionamiento de estos centros, por lo que un seguimiento sistemático pondría en cuestión una parte de la rentabilidad actual de las empresas y supondría muy probablemente facilidades para la reversión (no seria raro que mas de una de las empresas quisieran abandonar).
- Lo mismo puede decirse de la selección de riesgos que se realiza desde estos centros para evitar costes y/o de la atracción hacia los mismos de determinadas actividades rentables (generalmente en colaboración con los sistemas de citación de pacientes que derivan actividades más rentables hacia los centros privatizados). Habría que hacer un control estricto, evitar las actuaciones irregulares y hacer asumir a las empresas los costes reales de sus derivaciones.
- Existe el modelo de expropiación, hasta el presente no utilizado en nuestro país, pero que podría realizarse utilizando el criterio de utilidad pública de las actividades que desarrollan.
En resumen, existen varias alternativas para la reversión de estos centros al sistema sanitario público que van desde el control exhaustivo de su actividad y la denuncia de los incumplimientos de sus contratos, la utilización de las cláusulas de los mismos para su recuperación, hasta la expropiación.
Claro esta que lo principal es la voluntad política de potenciar la Sanidad Pública y de acabar con la deriva privatizadora y ello exige medidas, desde lo legislativo (derogación de la Ley 15/97 y de las leyes de ordenación sanitaria autonómicas que favorecen la privatización, así como legislar para afianzar la provisión sanitaria pública), reforzar y utilizar de manera intensiva los recursos de la Sanidad Pública, detener las privatizaciones y recuperar lo privatizado.
No será una tarea sencilla pero es perfectamente factible legalmente, rentable desde el punto de vista sanitario y económico, y esencial para garantizar un sistema sanitario público de calidad.
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